Imaginemos una casa en la que no entra dinero suficiente para mantener el ritmo económico de la familia, acostumbrada a no privarse de casi nada. Los ingresos han disminuido y los padres, los que administran los bienes, deciden que hay que rebajar los gastos. No se plantean cambiar sus potentes coches por utilitarios, ni vender su segunda casa en la costa o la tercera en la montaña, ni dejar de salir dos o tres noches a la semana a cenar a restaurantes de moda, ni renunciar a los jamones cinco jotas o a los mariscos que llevan a su mesa, ni prescindir de la asistenta que viene a casa cada día... No, lo que se plantean es ahorrar en otros asuntos: no comprar libros de lectura, no ir al cine, no llevar a los niños a la academia de inglés, no darles una propina por su cumpleaños, no echarle unas monedas en la mano al africano que solicita ayuda a las puertas del supermercado... Con eso saldrán adelante, aseguran los padres cuando los hijos protestan porque se sienten perjudicados.
Es un ejemplo tonto, pero es lo que hacen determinados dirigentes con el gasto de las comunidades que tienen apuros financieros: no se plantean dejar de contratar asesores con sueldos astronómicos ni reducir sus propios estipendios o las partidas de gastos pagados de las que todos disfrutan (viajes, comidas, regalos), no se plantean dejar de alquilar edificios suntuosos en grandes capitales, o ahorrar en fastos que no benefician a la población en conjunto, ni siquiera en su mayoría. Lo que hacen es reducir partidas de servicios sociales, educación y cultura, y sanidad.
Mientras en Cataluña están protestando los vecinos de algunas localidades porque les están cerrando ambulatorios, en Galicia, Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha se anuncian rebajas importantes del gasto educativo. Menos profesores de apoyo, menos interinos y más horas lectivas para los profesores titulares.
Cualquiera que tenga hijos en edad escolar o los haya tenido sabe que la educación pública necesita refuerzos, que se necesitarían más efectivos humanos para afrontar la diversidad cultural y educativa del alumnado, solventando diferencias idiomáticas y de formación preescolar. Sin embargo, las autoridades actúan contra corriente: en vez de incrementar sus esfuerzos económicos y políticos en la educación de los ciudadanos del futuro, en vez de apostar por la educación para superar situaciones criticas, pretenden ahorrar en recursos económicos y humanos.
Es más práctico y menos escandalosos quitar subvenciones a las viudas, dejar de llevarles la comida a los ancianos medio inválidos o dejar de contratar interinos en las escuelas públicas. Al fin y al cabo, deben pensar Aguirre, Cospedal y sus acólitos, todo el mundo dice que los profesores tienen muchas vacaciones, así que vamos a encontrar el apoyo de la ciudadanía. Y si luego los estudios internacionales dicen que a la educación pública española le faltan muchos puntos de calidad, echamos la culpa a los profesores o, incluso, a los padres que no ayudan a sus hijos a hacer los deberes.
Y, mientras tanto, Cospedal contrata a un eminente "periodista" para que controle la televisión autonómica y sigue viajando en su calidad de portavoz del PP a cualquier sitio que le indique su jefe. Y Aguirre se siente orgullosa de lo bien que ha salido el espectáculo "Benedicto" en su comunidad y lo contentos que estaban los peregrinos porque han viajado casi gratis en el metro de la capital.
¿Así vamos a salir de la crisis? ¿Privando a los chicos de una educación digna del siglo XXI?
Tenemos crisis para rato, crisis intelectual y crisis económica, con estos dirigentes tan sabios.